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La entrada en vigencia de la sanción penal por conductas anticompetitivas exige a las empresas una mayor prevención y estrategias más sofisticadas., sostiene Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz.

La obligación de implementar protocolos de prevención contra el Covid-19 supone un mayor riesgo penal para las empresas, sostiene Augusto Linares Muñoz, socio del estudio Linares Abogados.

Si el Poder Judicial incorpora penalmente a 16 empresas —Obrainsa, Graña y Montero SA y San Martín Contratistas Generales, entre otras constructoras— en el caso, éstas optarían por crear un fideicomiso que garantice la eventual reparación civil y evitar mayores riesgos.

La Junta de Fiscales Supremos aceptó la carta de renuncia presentada por Pedro Chávarry. La fiscal suprema Zoraida Ávalos lo reemplazará de forma interina.