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En el supuesto afán de combatir a informales, la Ley 32035, publicada en mayo, deja a los constructores formales expuestos a la arbitrariedad municipal. Escribe Roberto Shimabukuro, socio principal de Monroy & Shima Abogados.

Con la reforma de ley recientemente aprobada, el Congreso eleva la valla de control sobre el uso indiscriminado de la clausura de locales por parte de las municipalidades del país.

Marcial Ortiz de Zevallos juega con una pregunta retórica acerca de Airbnb y a la vez plantea la posibilidad de formalizar este negocio en línea de alquiler de bienes raíces comerciales. 

Entre 2021 y 2022, el déficit aumentó de 1,786 millones a 1,850 millones unidades de vivienda. Brecha que se ensancharía ante las restricciones de municipios de Lima y una errada interpretación del fallo del TC.

Las recientes disposiciones municipales en contra de distintos desarrollos inmobiliarios reúnen diversas condiciones para ser declaradas barreras burocráticas por el Indecopi.