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El regulador ambiental no tendría entre sus competencias fiscalizar el EIA de un proyecto que aún no está en marcha, explica Xennia Forno, socia del estudio Rubio Leguía Normand. Esto le restaría credibilidad a la entidad.

La decisión del gobierno de presentar una cuestión de confianza posterga la posibilidad de que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional, lo que tendría repercusiones en demandas que involucran a empresas.

El proyecto obliga a los nuevos titulares a modificar sus EIA, lo que representa un costo excesivo para las empresas.

Alrededor de 70 empresas de energía podrán regularizar su situación al amparo de la nueva normativa aplicable al sector eléctrico.

El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del aporte por regulación que realizan las empresas mineras al Oefa.