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El Congreso seguirá legislando con miras a las elecciones del 2021, lo que deja a las empresas más expuestas a riesgos políticos y regulatorios en plena recuperación económica.

Ordenanzas de las municipalidades de San Miguel, Ate, Miraflores y Jesús María regulan uso de materiales para desinfección y aplicación de pruebas por Covid-19, a pesar de que ello no forma parte de sus competencias.

La transformación de las empresas las obliga a adoptar un enfoque más ágil en su gestión de riesgos operativos. Sin embargo, muchas de ellas siguen manteniendo modelos tradicionales, ineficientes y hasta obsoletos, detalla Gustavo Mejía , socio de risk advisory de Deloitte Perú.

Las empresas que no reporten a su beneficiario final en diciembre y elijan pagar una multa generan un antecedente de riesgo y potenciales investigaciones en la SBS, la UIF y la SMV.

Las empresas podrán enfrentar demandas de indemnización impulsadas de oficio por Indecopi, lo que  presenta nuevos riesgos económicos y reputacionales.