Tamara Ojeda

La Corte Suprema estableció que la compensación económica establecida por la ley es la única forma en que un trabajador puede ser resarcido, descartando la opción de pedir pagos extras por perjuicios morales.

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó una propuesta para agilizar la eliminación de estas barreras, estableciendo controles adicionales para los gobiernos locales antes de iniciar procesos judiciales y permitiendo la aplicación inmediata de las decisiones iniciales.

El Tribunal Fiscal determinó que el directivo común no tenía autoridad para tomar decisiones por sí solo, ya que la facultad de decidir correspondía a un grupo de individuos.

La PCM decidió reabrir la investigación contra Rafael Muente por el curso de especialización que recibió en la Universidad de Piura, alegando un mal uso de los recursos del Estado. El abogado había retomado su cargo en febrero, gracias a un fallo de Servir.

El Estado sigue modificando las reglas de juego del arbitraje. Para los privados, acceder a esta vía para dirimir disputas con el Estado será cada vez más difícil.