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Mientras Cobra da por resuelto el contrato de concesión, el Gobierno Regional de Arequipa atribuye incumplimientos a la concesionaria para aducir que dicha decisión no es aplicable. La indemnización a pagar rondaría los US$300 millones.

Si el Estado no resuelve la demora en la liberación de predios —que aqueja a proyectos como la Línea 2 del Metro— ni asegura el otorgamiento de garantías soberanas, la propuesta del Ejecutivo será insuficiente para atraer al capital privado.

Tras invertir el 77% de lo que el Ministerio de Vivienda estimó como el costo para lograr la ansiada cobertura universal, entre el 2017 y el 2022 las cifras de cobertura de agua y saneamiento evidencian un retroceso. 

Si el GORE de Arequipa no subsana en 45 días los incumplimientos advertidos por la concesionaria en su solicitud de terminación anticipada ni activa un arbitraje, el contrato de concesión podría considerarse resuelto.

El Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que crea esta entidad. Su diseño está lejos de garantizar la independencia que requiere y, sobre todo, de destrabar los cuellos de botella que supuestamente apuntaba a resolver.