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Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) acogió en parte la demanda de hábeas corpus colectivo presentada contra Rutas de Lima . La empresa concesionaria y su accionista principal, Brookfield, rechazaron la decisión del TC.

Informe de la entidad refiere que múltiples cambios desnaturalizaron el contrato de concesión y afectan el interés público. En respuesta, Rutas de Lima señaló que la Defensoría del Pueblo participa activamente en una “campaña de hostigamiento”.

El alcalde Rafael López Aliaga pidió a asociaciones vecinales “inundar el Poder Judicial” con recursos legales orientados a cuestionar la concesión. Rutas de Lima dijo que es “un acto contrario” al Estado de derecho y muestra del clima de hostilidad permanente.

El reciente fallo judicial contra Rutas de Lima encamina al caso a otro arbitraje internacional para el Perú. Y el único precedente favorece a la concesionaria.

La empresa concesionaria desinstaló las casetas de cobro y retiró las barreras de paso, a pesar de no ser notificada formalmente sobre la medida cautelar. Rutas de Lima consideró que la decisión judicial es “un acto arbitrario y contrario a la ley”.

Las señales de nuestras instituciones en el caso de Rutas de Lima amenazan peligrosamente el modelo económico que tanto nos permitió crecer.