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Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) acogió en parte la demanda de hábeas corpus colectivo presentada contra Rutas de Lima . La empresa concesionaria y su accionista principal, Brookfield, rechazaron la decisión del TC.

Informe de la entidad refiere que múltiples cambios desnaturalizaron el contrato de concesión y afectan el interés público. En respuesta, Rutas de Lima señaló que la Defensoría del Pueblo participa activamente en una “campaña de hostigamiento”.

El reciente fallo judicial contra Rutas de Lima encamina al caso a otro arbitraje internacional para el Perú. Y el único precedente favorece a la concesionaria.

La empresa concesionaria desinstaló las casetas de cobro y retiró las barreras de paso, a pesar de no ser notificada formalmente sobre la medida cautelar. Rutas de Lima consideró que la decisión judicial es “un acto arbitrario y contrario a la ley”.

La resolución judicial dispone la suspensión del cobro del peaje manera provisional y el cierre de las garitas ubicadas en Puente Piedra. Rutas de Lima rechazó la medida y dijo que juzgado “no tiene competencia” para pronunciarse sobre el contrato de concesión.

En audiencia en el Tribunal Constitucional (TC), el burgomaestre dijo que las tarifas de los peajes pueden subir hasta los S/17. El magistrado Pedro Hernández dejó al voto las dos demandas de hábeas corpus y de amparo presentadas contra Rutas de Lima .