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El fallo determinó que las empresas pueden requerir pruebas que acrediten el carácter obligatorio de una actividad sindical sin que ello suponga una afectación a la libertad sindical.

El fallo modifica una práctica extendida en el mercado laboral que permitía finiquitar deudas con una sola cifra global. Ahora, solo los montos entregados de forma incondicional podrán usarse como compensación de beneficios sociales.

Aunque ahora la ley permite acuerdos verbales para estos recortes, probarlos es más difícil, lo que podría seguir causando problemas en el futuro.

La Corte Suprema estableció que la compensación económica establecida por la ley es la única forma en que un trabajador puede ser resarcido, descartando la opción de pedir pagos extras por perjuicios morales.

Ahora, para invocar la figura de daño moral el trabajador deberá acreditar la existencia de una conducta antijurídica del empleador, el daño en sí mismo, la relación causal entre la conducta y el daño, y los factores de atribución, como la culpa o el dolo.

La Corte Suprema zanjó el debate. Guste o no, el Indecopi mantendrá la facultad de revisar, de oficio, transacciones ya cerradas de M&A. Escribe Jesús Espinoza, socio del estudio Muñiz y ex director de Libre Competencia del Indecopi.