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Si el Estado no resuelve la demora en la liberación de predios —que aqueja a proyectos como la Línea 2 del Metro— ni asegura el otorgamiento de garantías soberanas, la propuesta del Ejecutivo será insuficiente para atraer al capital privado.

La incorporación en la adenda final de los cambios estructurales anunciados podría garantizar la esperada viabilidad financiera del sistema. Así, los corredores entrarían en operación en el 2027.

Para ejercer una actividad empresarial como la intermediación anunciada, la ATU necesitaría una ley del Congreso que se sostenga sobre una falta de oferta privada y un interés público que, hoy, no existen.

La abrupta salida de María Jara trasciende al transporte informal. Documentos oficiales dan cuenta de cómo las disputas entre la ATU y el MTC retrasan desde hace meses la recepción de obra y la incierta puesta en marcha del tramo 1A de la Línea 2.  

La ATU evalúa modificar los contratos de concesión para intentar salvar un sistema insostenible y golpeado por la irresuelta informalidad vehicular, la pandemia y licitaciones que nunca se concretaron.

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo en el marco del paro de transportistas perjudicarán al sector formal del transporte de pasajeros y mercancías, pues fortalece al sector informal, el cual competirá con más ventajas en costos.