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Mientras Cobra da por resuelto el contrato de concesión, el Gobierno Regional de Arequipa atribuye incumplimientos a la concesionaria para aducir que dicha decisión no es aplicable. La indemnización a pagar rondaría los US$300 millones.

Si el GORE de Arequipa no subsana en 45 días los incumplimientos advertidos por la concesionaria en su solicitud de terminación anticipada ni activa un arbitraje, el contrato de concesión podría considerarse resuelto.

La fallida entrega del control del proyecto a Cobra posiciona a la disputa arbitral como el posible próximo capítulo de un destrabe que, hasta hoy, no termina de concretarse.

Nuevas controversias entre el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria y un arbitraje en ciernes vuelven a amenazar la fecha de reactivación del proyecto.